Por Felipe Reyes…

Hace más de 10 años los habitantes de las zona de conflicto  en la Araucanía, conviven con las manifestaciones de violencia por parte de algunos  comuneros mapuches y simpatizantes del movimiento indígena. Considerando como se les ha escapado de las manos el problema, en tono político, al gobierno de la Presidente  Bachelet , se hizo público el envió al parlamento de un proyecto para la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

Ultimamente las noticias nos muestran tomas de terrenos, cortes de carreteras, incendios, robos y otros. Así las cosas, nadie pondría en duda que el conflicto mapuche más progresa que declina.

Tras un fuerte aumento de las acciones violentistas en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei, y alcanzando un punto nunca antes visto para un conflicto de esta índole entre 2001 y 2002 durante el gobierno de  Lagos, luego pareció disminuir, pero desde el año pasado registra un nuevo ciclo que va en crecimiento.

Este aumento coincide con la propuesta indígena Re-Conocer, impulsada por el gobierno, el cual promete un incremento en la entrega de tierras, eje primordial del conflicto. Sin ir más lejos, desde que en 1993 se dictó la ley 19.253, la Ley Indígena, se han invertido sobre 160 mil millones de pesos en comprar predios y, sin embargo, las reivindicaciones no terminan. Los críticos a esta propuesta aseguran que el enfoque tiene varios problemas: irregularidades, aumento del valor de las hectáreas, fomenta ilegalidades y afecta al desarrollo de la zona, directamente a las familias del sector.

La ley 19.253 estipula dos formas de adquirir predios: por compra directa y a través de subsidio. El saldo es que el 75% de las tierras se ha adquirido por compra directa, pese a que la ley aprueba su uso sólo para casos en los que haya conflictos jurídicos. Desde 1995 a 2008 se han adquirido más de 95.000 hectáreas por compra directa, con una inversión de 126 mil millones de pesos, mientras que por subsidio sólo se han adquirido 27.240 hectáreas, por un monto de 41 mil millones de pesos. Además, no existe un registro que estipule cuáles son los conflictos contemplados y cuáles son las tierras que se encuentran en esta situación. La ley sólo señala que los problemas pueden ser múltiples y que la decisión final recae en el director y en el consejo de la CONADI, y en el caso del subsidio, que debiese ser más objetivo, la situación se repite, recayendo la decisión final sobre el director de la CONADI.

Por otro lado, la entrega de tierras no viene acompañada de recursos ni de capacitación para explotar los terrenos. Ello fomenta justamente lo que la ley prohíbe: enajenar las tierras recibidas. Eso no es todo, el 60% del presupuesto de la CONADI se destina a la entrega de predios, dejando de lado aspectos como la educación y la salud. Así, solo se beneficia a un 33% de los indígenas de sectores rurales. Además, la CONADI destina 29 mil millones de pesos al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y sólo 2 mil millones de pesos al Fondo de Desarrollo Indígena. Y los títulos de dominio son colectivos, por lo cual, los individuos no pueden ser ayudados por organismos como CONAF, SERVIU o FOSIS.

Esto ha generado un impacto negativo en la región, que podemos asociarlo a la crisis que vive la región:

1) En Desarrollo, los índices de crecimiento en la zona muestran un debilitamiento del desarrollo regional (INE), por ejemplo, la inversión de extranjeros ha sido nula desde el 2004. La Araucanía ocupa el ultimo lugar del país en Competitividad. Y solo un 4,8% ha crecido la región entre 1985 y 2007, mientras que el resto del país lo ha hecho en un 5,6% anual.

2) La pobreza alcanza un 20,1% en la zona (encuesta Casen 2006). Las dos localidades más violentas, Malleco y Cautín, tienen los índices de pobreza de 28% y 17,9% respectivamente. La actividad económica cayó un 3,1% en la región y la tasa de desocupación es de un 14,1%, o sea, la más alta del país.

3) En el SIMCE 2008, los alumnos de la región no avanzaron con respecto a 2006, obteniendo resultados significativamente bajos con respecto el resto del país en Lenguaje y Comunicación.

Hay que dejar en claro que, a pesar de la dura realidad que se vive en las zona las familias mapuches, este conflicto puede ser mal interpretado a la hora de buscar responsables por los actos violentistas. Lo deja en claro Ena Von Baer en Libertad y Desarrollo: “…Esta línea de análisis olvida, sin embargo, que pese a la dura realidad que a muchos les ha tocado vivir, la mayoría de los mapuches son pacíficos y muy respetuosos de la Ley..”.

Quienes hacen noticia son grupos específicos radicalizados y que mantienen vínculos entre sí: La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que busca reivindicaciones territoriales para construir la Nación del Pueblo Mapuche, y la Temucuicui, la comunidad más movilizada.

Las políticas llevadas a cabo en la zona han sido ineficientes, poco claras. Las soluciones deben comenzar por tener datos específicos de cuantas tierras y hectáreas están en conflictos jurídicos, cuales son las comunidades afectadas, analizar si es correcto que las decisiones finales recaigan exclusivamente en el director de la CONADI, los atropellos al Estado de Derecho, entre otros.

A raíz de lo anterior, parece haber un avance. El martes 29 de septiembre la Presidente envió  al Parlamento dos nuevos proyectos de ley que buscan dar una nueva institucionalidad a la política de los pueblos mapuches, solicitando la creación de Ministerio de Asuntos Indígenas otorgándole el carácter de Secretaría de Estado y una Agencia de Desarrollo Indígena, servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Sin embargo, más allá  de los proyectos, las políticas a futuro deben tomarse con firmeza, sin perder la dirección, con soluciones concretas a la dura realidad que se vive en la zona, en donde, los principales afectados son los propios mapuches quienes han visto arrasado no solo su entorno socio-económico, sino también su libertad, sus familias y su propia cultura. Hay que generar el cambio que no se ha visto en los últimos 15 años de Concertación, donde las comunidades afectadas no han visto desarrollo, sufriendo el asedio de grupos violentistas y un desgaste constante a la democracia.