Por Marcelo Muñoz Perdiguero…

El gobierno ha propuesto una serie de medidas para la reconstrucción del sector afectado por el terremoto del 27 de febrero. Dentro de ellas se cuentan endeudamientos externos e internos, la elevación (aunque transitoria) del impuesto de Primera categoría (el así llamado “impuesto a las empresas”) y a impuestos específicos a productos que generan externalidades (efectos nocivos en la sociedad, “males” existentes en la sociedad, como el tabaco), así como la ampliación de productos afectos a estos impuestos a las externalidades, como la “comida chatarra”.

El plan de medidas contempla la ampliación y posible creación de nuevos impuestos específicos a actividades extractivas y su explotación (principalmente la minería, y la oposición mira con buenos ojos su ampliación a la pesca). Estos impuestos específicos han recibido impropiamente el nombre de “royalties” o “regalías”.

Por otro lado, el paquete tributario incluye la eliminación de franquicias tributarias, como lo son el ahorro en depósitos convenidos y la explotación de viviendas sociales, más conocidas como “DFL 2”.

Las propuestas del gobierno han recibido el apoyo de parte de la coalición oficialista, la exigencia de la elevación de los impuestos por parte de la oposición y el rechazo de parte de institutos de investigación, y de sectores de gobierno.

En la columna del Diario Financiero, del día 30 de abril pasado, el economista, Paul Fontaine, quien definió las propuestas económicas del candidato presidencial, Enríquez-Ominami, defiende el alza tributaria propuesta por el Presidente Piñera.

Sus argumentos adolecen, en mi opinión, de errores. En primer lugar, califica como pro crecimiento a los tributos a las externalidades, como el tabaco. Estos tributos tienen como finalidad justamente eliminar o disminuir estos males y no estimular el crecimiento (ni siquiera es el crecimiento la finalidad de los tributos, sino la mantención del Estado y la redistribución del ingreso, principalmente). En efecto, si bien su recaudación es relativamente grande, debido a la baja elasticidad, o inelasticidad de la demanda  (la cual, por ejemplo en el caso del tabaco, no disminuirá significativamente su consumo por el aumento de precio (la economía nos enseña que más probablemente incidirá en el consumo del mismo bien, pero de menor calidad), su impacto en los ingresos fiscales siempre han sido marginales.

Algo parecido sucede con la propuesta de gravar tributariamente el consumo de la “comida chatarra”. Aunque podría considerarse positivo tratar de eliminar o limitar este “mal” (o recolectar los medios que el estado dedica para mejorar sus consecuencias, como es el caso de políticas de salud en campañas de alimentación equilibrada, de educación del efecto nocivo del tabaco), estos impuestos no pueden ser vistos como la solución, ni parte de la solución a la disyuntiva presupuestaria para la reconstrucción nacional: No se arma un vestido con pequeñas piezas de género dispersas, sino de una tela continua y bien preparada.

Respecto a la elevación de los “Royalties”, cada vez más se genera incertidumbre jurídica y económica; la ley 20.026, que creó el así llamado “Royalty Minero”, envolvió al estado en una engorrosa disputa con los inversionistas que habían celebrado Contratos de Inversión Extranjera. Si bien no se los podía desconocer (por ser contratos), se crearon incentivos para su renuncia, renuncia a la cual hoy se los vuelve a “invitar”. Esto se suma al apetito estatal de la Concertación (aún vivo en el Congreso) de extender estos impuestos específicos a otras actividades, como la pesaca, por considerarse un recurso no renovable.

La eliminación de la franquicia tributaria de los depósitos convenidos no resulta conveniente, por cuanto es un aporte que el trabajador hace para su jubilación en el futuro, o sea, una renta que no puede disfrutar, que no percibe realmente en este momento en el tiempo, por lo que lo afectaría, a pesar de no contar con esos recursos.

Quizás si la única franquicia que puede razonablemente ser limitada es la de calificar como no renta los ingresos por la explotación de las viviendas DFL 2. Estas viviendas son más bien modestas y la liberación de su tributación apunta más bien a acceder a recursos a través del arriendo de ellas. Resulta adecuado poner un límite, de manera que alguien no pueda evitar contribuir con la tributación nacional, a través de comprar 20 o más de estos departamentos, para así recibir ingresos libres totalmente de impuestos. Esto escapa al espíritu que creó la norma.

Se defiende el alza de la tasa del impuesto de las empresas, diciendo que el actual sistema chileno (que, hasta cierto punto, incentiva el ahorro) sacrifica el consumo actual, privilegiando en demasía el ahorro, supuestamente condenando a los más pobres en su consumo actual. Respecto este punto, es verdad que no conviene desincentivar exageradamente el consumo de las generaciones actuales (a pesar de discrepar en su excesiva preferencia por el consumo actual, pues olvida que en una economía sana primero se ahorra, luego se invierte y luego se consume; lo contrario redunda en comerse una torta que todavía no existe), pero una elevación en las tasas del impuesto corporativo en los hechos lo que hace es justamente afectar la capacidad de consumo de la gente más modesta. Esto se produce, porque un alza en el impuesto corporativo aumentaría los costos de producción de las empresas, subiendo los precios de los bienes, no afectando tanto a los más ricos, sino a los más pobres, que, al final, terminan pagando el impuesto.

Además, elevar la actual tasa de las empresas, de un 17% a un 19% o hasta un 20% significaría que las empresas tendrían menos capital de trabajo (menos dinero con qué trabajar) lo que impediría generar más empleos y subir salarios, incluso empujando en la dirección contraria, creando desempleo y obligando a las empresas a recortar salarios, para seguir con vida.

En lo relativo a la igualación de los tributos de las empresas y a de las personas, el sistema chileno, con razón, concibe a la persona natural como los verdaderos contribuyentes, quienes “se llevan la plata para la casa”. Mientras ellas no repartan dividendos, las personas de verdad no son más ricas, por lo que el sistema chileno es adecuado. De hecho, existen normas para pequeñas empresas que incentivan aún más el ahorro, permitiéndoles postergar el pago del impuesto de la empresa, en tanto no realicen retiros (Artículo 14 bis de la Ley de la Renta). Por esto mismo, como el contribuyente final, la “persona de verdad” se ve gravada con un impuesto final, global complementario, el cual es progresivo, habiéndose disminuido su tasa máxima anterior.

Es por esto que un aumento del impuesto a las empresas termina afectando el consumo de los más modestos; el actual sistema tributario incentiva el ahorro de los socios o accionistas de las empresas, no el de la población en general. Así, la elevación del impuesto la termina pagando “el ciudadano de la calle”.

Lo que resulta claro es que ninguna alza tributaria es pro crecimiento. El crecimiento es el aumento del producto (interno à PIB, o nacional à PNB), siendo esto resultado de la mayor producción y prestación de bienes y servicios. La tributación, como se adelantó más arriba, persigue otros fines, como la manutención del Estado para sus tareas fundamentales, como la defensa nacional, la Administración de Justicia, etc.) y la redistribución de los recursos, de manera de lograr una mayor igualdad de oportunidades, pero no son medidas que impulsen directamente o “a la vena” el crecimiento.

Por otro lado, la propuesta del economista Fontaine, de subir el impuesto de las empresas y bajar el de las personas naturales no hace sino desconocer el justo carácter progresivo que manda la Constitución (de que quien realmente tenga más, aporte más, aún porcentualmente). Podríamos estar de acuerdo en bajar la tasa del último tramo (que muy pocos pagan), pero más aconsejable que eso es agrandar los tramos más bajos de este impuesto progresivo, de manera de que los que realmente ganan menos, como las personas de medios más escasos y la clase media, no carguen con una mochila tan grande que les impida educar a sus hijos, acceder a salud de calidad, etc. Por otro lado, no resulta coherente elevar los impuestos a una persona ficticia (que utiliza sus recursos en empleo y crecimiento), proponiendo al mismo tiempo bajar el de las personas reales que ganan más, sin diferenciación de los montos de sus ganancias.

La necesidad de reconstruir el capital o stock perdido por el terremoto puede ser financiado a través de otras formas (las cual, por lo demás, están contempladas en el paquete del gobierno) como es el endeudamiento, tanto interno como externo. Este no puede ser el único mecanismo, por su efecto en la tasa de cambio y en la tasa de interés de los bancos, pero la venta de las empresas estatales aparece como la mejor. Siempre hemos postulado que el Estado no tiene como función desarrollar actividades que los privados quieren y pueden desarrollar. Pues bien, ¡qué mejor oportunidad que esta para desenmarañar y ajustar el tamaño del Estado para lograr la recaudación! Aemás, esta urgencia representa una oportunidad de oro para reasignar mejor los recursos con los que cuenta el Estado (actualmente la flexibilidad para las reasignaciones entre Ministerios es muy  escasa), por lo que la dolorosa coyuntura actual representa, como lo señaló el presidente Piñera, una oportunidad para construir un país mejor que el que había antes del terremoto.

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